BUENOS AIRES. Un grupo de fiscales quedaría a cargo de la investigación sobre el atentado antisemita perpetrado en 1994 en la sede de la AMIA, pesquisa que hasta su muerte llevaba adelante Alberto Nisman. Con el deceso del ex titular de la Unidad de Investigación Fiscal AMIA (UFI AMIA), esa oficina quedó acéfala, pero un grupo de familiares de víctimas del ataque terrorista recibió novedades del Gobierno nacional; entre ellas, que el fallecido magistrado será reemplazado por todo un equipo.
“Esto quizá sea un nuevo comienzo después de 21 años, y quizá este sea el último comienzo que nos lleve a un buen final, que nos lleve a saber quiénes son los responsables del atentado”, señaló Sergio Burstein, que integra una organización de familiares y víctimas del trágico atentado.
Tras reunirse con la titular de la Procuración General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, Burstein confirmó la novedad.
Dirigentes de la oposición y expertos consultados por la prensa reclamaban desde el deceso de Nisman que la investigación del hecho no quedara en manos de un solo funcionario, ya que el caso implica presiones demasiado grandes.
Nisman había estado por más de una década a cargo de investigar el atentado a la AMIA, que terminó con la vida de 85 personas.
La Justicia argentina responsabiliza a varios iraníes -cinco de ellos alcanzados por circulares rojas de Interpol- por el ataque contra la mutual de la comunidad judía argentina, pero Teherán niega toda vinculación con el caso.
La muerte de Nisman ocurrió apenas horas antes de una reunión en la Cámara de Diputados, en la que debía presentar los detalles de su denuncia de un supuesto plan secreto del Gobierno argentino para desviar la investigación, con el fin de restablecer las relaciones comerciales y políticas con Irán. La presidenta Cristina Fernández -una de las acusadas de encubrimiento por Nisman- y dirigentes de su espacio descalificaron la denuncia, al considerar que -más allá de las escuchas telefónicas- no tiene elementos que prueben algún delito.
Por otra parte, dirigentes de la comunidad judía solicitaron al presidente de la AMIA, Leonardo Jmelnitzky, que se “excluya” como socio de la entidad al canciller Héctor Timerman por la firma del memorándum con Irán, y que sea sometido a un “Tribunal de Etica Comunitario”. (Reuters-DyN)